La Legislatura se hizo eco de la ola de intimidaciones públicas masivas que azotaron las instituciones educativas hasta hace algunas semanas y se manifestó a favor de que se intensifiquen las campañas de concientización y que se incluyan en las sanciones contra los autores de las amenazas el cumplimiento de tareas solidarias.

Si bien el tema no resonó discursivamente en el recinto, los legisladores aprobaron dos iniciativas para repudiar los amedrentamientos que generaron incertidumbre en la comunidad educativa y el uso irresponsable de los servicios de emergencia y los recursos públicos.

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Los parlamentarios oficialistas Norma Reyes Elías, Carlos Gómez, Javier Morof y Maia Martínez, hicieron pública su consternación y preocupación -a través de un proyecto de resolución- por las amenazas de bombas en escuelas y colegios de la Provincia. Rechazaron la alarma y preocupación que se generó en la población, alterando el normal desarrollo de las actividades educativas.

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A su vez, recomendaron al Poder Ejecutivo que, identificados los autores intelectuales y materiales de las amenazas, se los ponga a disposición de la Justicia y que se contemple la posibilidad de que las sanciones incluyan el cumplimiento de tareas solidarias en instituciones educativas”, solicitó.

En el mismo sentido se aprobó un dictamen de la comisión de Seguridad y Justicia impulsado por el legislador Raúl Albarracín. Solicitó al Poder Ejecutivo que se intensifiquen campañas de concientización sobre el uso responsable de los servicios de emergencia y que se implemente un programa de concientización sobre el uso responsable de los servicios de emergencias. Dijo que el objeto es “disminuir los llamados falsos, con fines maliciosos, amenazantes, injuriosos o jocosos a las centrales de operación de los servicios de emergencias, promoviendo especialmente entre alumnos de nivel primario y secundario el concepto de ‘no usar para bromas las líneas de emergencias, algún día puedes necesitarla’.

Otros requerimientos

La Legislatura ya se había hecho eco de la problemática generada por las amenazas de bomba en escuelas de Tucumán, por los planteos habían surgido desde las bancas de la oposición. Ricardo Bussi y Horacio Vermal, de Fuerza Republicana, elevaron un pedido de informes a través de la comisión de Seguridad y Justicia para que el ministro de esa área, Eugenio Agüero Gamboa, brinde detalles sobre "los avances en la investigación de la diversidad de llamados con amenazas de bombas en los establecimientos educativos".

El radical José Canelada (JxC) había requerido semanas atrás la citación de los ministros de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, y de Seguridad para que brinden informes ante el cuerpo colegiado sobre las distintas acciones llevadas adelante ante estos casos.

Luego de varios meses de amedrentamientos y de llamadas y mensajes intimidantes, hubo una respuesta de parte del Poder Judicial y se avanzó de modo ejemplificador contra algunos de los responsables por las amenazas.